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Sánchez propuso acabar con el anonimato en las redes sociales y que, en caso de delito, las ‘autoridades públicas’ deberían poder relacionar esos seudónimos con personas reales y exigirles responsabilidades”. Pero eso ya se hace. La ley y los jueces que la aplican son los límites a la libertad de expresión. Porque una autoridad no puede ser quien decida si el contenido es bulo o desinformación. La novedad que propone el presidente es “obligar a las plataformas a vincular cada cuenta de usuario a un registro europeo de identidad digital”, y eso es algo que ni siquiera prevé el Reglamento Europeo de Identidad Figital (eIDAS2). La cartera digital es voluntaria. Hacerlo obligatorio y romper el anonimato en redes ya existe en cuestiones como el KYC bancario para luchar contra le blanqueo, pero aplicarlo a todo es una cuestión de proporcionalidad. Se conculcaría el derecho a la intimidad que se permite en casos de protección de menores, por ejemplo. Los expertos aseguran que causaría inseguridad jurídica a nivel europeo frente a otras regiones, y además, almacenar esos datos supone un riesgo para los usuarios. Va contra el espíritu de Internet y contra la carta de la ONU que avala la capacidad de ser anónimo en la red para luchar contra las vulnerabilidades. El presidente propone además “que los CEO (directores generales) de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas”. Ya se regula, incluso hay una ley nacional y un reglamento que obliga a retirar contenidos ilegales, y responsabiliza con multa a la compañía, siempre que tengan conocimiento efectivo de que se está cometiendo un delito. Pero el presidente propone regular no solo el delito de odio, sino lo que son contenidos de odio que no son delito, porque considera que las redes ya no son ni libres ni neutrales. Dicen los expertos que es ir en contra de la libertad de expresión que solo pueden limitar las leyes y los jueces. La última propuesta es “forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales con el fin de que pueda examinar el funcionamiento de las redes sociales sin limitaciones”. Primero, hoy día los parámetros de los algoritmos de cajas negras los decide una IA, están en continúo cambio sin que el programador lo sepa, y el rastreo es muy complicado. Segundo, que ya está contemplada en la ‘Ley’ o Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) que se deben revisar los algoritmos de publicidad, recomendación y moderación por el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT), con sede en Sevilla. Pero en España falta trasponer la norma que tenía que estar operativa el 17 de febrero.  

-Redacción-