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Hicieron su agosto en marzo del 2020, en lo peor de la pandemia y aprovechándose de ella. Le cobraron más de once millones de euros al Ayuntamiento de Madrid por traer guantes, mascarillas y test desde Malasia. Pero más de la mitad, seis millones fueron a parar a sus bolsillos en concepto de comisión. Cinco millones fueron para Luceño, el que tenía el trato con los proveedores y dirigió la operación. Luis Medina se llevó un millón por conseguir el contacto del ayuntamiento. Al banquillo llegaron acusados por estafa y falsedad en documento mercantil. Y en el caso de Luceño, también por delito fiscal. Pues bien, el tribunal no ve el delito de estafa, porque considera que los acusados no estaban obligados a hablar con el ayuntamiento de su comisión. El delito de falsedad en documento mercantil también se queda en nada para ambos. A Luceño sí le condenan a tres años de cárcel por ocultar el dinero y  defraudar a Hacienda. Y a ocho meses más por falsear dos salvoconductos para saltarse el confinamiento y hacerse una identificación falsa como de agente del CNI.