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No se puede decir que haya sido un año de consensos. Aunque los ha habido. Renovación del Poder Judicial, aprobación de la ley ELA y reforma del artículo 49 de la Constitución son los principales en un año en el que los niveles de división alcazaban nuevas cotas en la política española. Una primera mitad del año marcada por la controvertida ley de aministía. Aprobada, muy criticada y paralizada por el Tribunal Supremo para, entre otros, Carles Puigdemont. Un año más protagonista, uno año más en el que se acaba fugando de territorio nacional. Y en el que maximiza sus siete votos en el Congreso de los Diputados. Curso político en las Cortes de quebraderos de cabeza, votaciones agónicas, llamadas de madrugada y algunas derrotas por la aparición de otras mayorías a la derecha que de momento encuentran consensos, sí. Menos en una cosa: dejar caer al presidente del Gobierno. Fue el año de su carta, de su reflexión, de un PSOE en vilo. Y todo con un catalizador principal: el cerco judicial a su mujer. Pedro Sánchez concluyó que merecía la pena seguir, que hay gobierno para rato. "Estoy convencido de que nos veremos en 2025, en 2026 y en 2027 también", decía desde Bruselas alentado por los buenos datos macroeconómicos. Mientras las causas judiciales que afectan a su entorno familiar y el propio caso Ábalos amenazan el horizonte político para Pedro Sánchez este próximo año.

-Redacción-