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El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como "justa" y "equilibrada".
"Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años", ha asegurado el ministro.
La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja.
Según Junts, de ese reparto, Cataluña recibiría entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían 700. Respecto a estas cifras, Torres ha apuntado que se trata de la valoración de los de Carles Puigdemont.
El ministro ha aclarado que en este Real Decreto "no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación". Asimismo, ha dicho que es "el momento" de que se sepa "con claridad" el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?, ha cuestionado.
Asimismo, Torres ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Así, ha indicado que la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.
"Por tanto, todas las comunidades autónomas tienen absoluta igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población", ha subrayado Torres.