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Con el respaldo de todos los grupos políticos, menos Vox, el nuevo pacto de estado contra la violencia de género ve la luz en el Congreso. Supondrá un aumento de 500 millones de euros anuales de presupuesto y contará con más de 460 medidas. Con el objetivo puesto en la prevención y la protección de las víctimas y menores, el nuevo pacto encara por primera vez la violencia vicaria, digital y económica. El documento recoge por ejemplo el impago de la pensión como una conducta de violencia económica y además impide que un maltratador pueda ver a su hijo. Sanciones también para quienes, sin autorización de la persona afectada, difundan imágenes o audios de contenido sexual modificados, por la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Se incluyen además medidas para proteger a las víctimas que viven en zonas rurales y se considera el proxenetismo como un delito de violencia contra las mujeres. El nuevo texto tendrá que someterse todavía a dos votaciones para su renovación, y de aprobarse contará con una vigencia de cinco años.