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La fijación de Donald Trump con el Tribunal Penal Internacional no es nueva. En 2020, durante su primer mandato, impuso sanciones a la entonces fiscal jefe por investigar crímenes de guerra contra soldados estadounidenses en Afganistán. Ahora, el republicano ha firmado una orden ejecutiva para sancionar personalmente a quien investigue a ciudadanos de Estados Unidos o a sus aliados, como Israel. Es su venganza por la orden de arresto emitida contra el primer ministro Netanyahu por su ofensiva en Gaza. En un escueto comunicado, el TPI, que garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales, ha condenado la decisión y ha pedido a Trump que rectifique. Ni Israel ni Estados Unidos reconocen al tribunal, al que Netanyahu ha calificado de antiamericano y antisemita. Rechazo también desde Bruselas. Von der Leyen ha salido rápidamente en su defensa: la Unión Europea siempre respetara el Derecho Internacional. Pero Hungría ya se ha desmarcado. El primer ministro Orban ya ha anunciado que revisará la pertenencia de su país al tribunal. Es la guinda a la intensa y larga visita del primer ministro israelí a Washington, que será recordada por el anuncio de Trump a sus planes para una futura Gaza sin palestinos.

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