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Decenas de activistas filipinos de derechos humanos se manifestaron este lunes 17 de marzo cerca del Palacio Presidencial de Manila para instar al gobierno filipino a reincorporarse a la Corte Penal Internacional (CPI), tras el juicio del expresidente Rodrigo Duterte en La Haya. Filipinas fue miembro de la CPI desde 2011 hasta 2019, cuando se retiró oficialmente. Según el Estatuto de Roma fundacional de la Corte, de 1998, aunque un Estado se retire como miembro, conserva la jurisdicción sobre los crímenes de su competencia cometidos durante el periodo de pertenencia a la Corte. El viernes pasado, 14 de marzo, Duterte compareció por primera vez a través de videoconferencia ante la CPI, donde se enfrenta a acusaciones de asesinato por su campaña de «guerra contra las drogas», en la que murieron miles de personas en Filipinas durante su mandato como presidente. Duterte, que dirigió Filipinas de 2016 a 2022, será el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado por la CPI, un tribunal de última instancia creado hace más de dos décadas para procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión y genocidio.

-Redacción-