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Casi diez millones de personas (nueve millones setecientas mil), más del 20% de la población en España, vive bajo el umbral de la pobreza. Y los indicadores están lejos de mejorar, suspendemos en los parámetros europeos, mientras el Ingreso Mínimo Vital ha servido para que trece comunidades autónomas, la mayoría, haya hecho caja y se haya ahorrado el dinero que antes invertía en mejorar la situación de las personas pobres que viven en su región. El caso de Madrid es paradigmático, no llegan a 500 las personas que perciben la renta mínima de inserción, cuando en la Comunidad de Madrid viven más de un millón de personas empobrecidas. Como el resto, han hecho incompatible el Ingreso Mínimo Vital (una ayuda estatal que el Gobierno concede y que es compatible con las ayudas autonómicas), con sus rentas mínimas de inserción. En una jornada que ha reunido a numerosas organizaciones sociales, que trabajan en el tercer sector, se ha puesto de manifiesto también la incapacidad del IMV para mejorar las cosas. Es una prestación rodeada de burocracia, denuncian, con requisitos imposibles de cumplir, que no respeta la dignidad de las personas pobres y que se ha hecho sin tener en cuenta las situaciones que deben afrontar.  Además, insisten en que en las comunidades autónomas donde conviven las dos prestaciones (la autonómica y la estatal), la situación tampoco mejora. En el País Vasco, aseguran, están con los mismos índices de pobreza que hace quince años y apuntan a que el 30% de los que reciben la renta mínima de inserción son trabajadores, lo que abre el foco a una nueva realidad: los trabajadores pobres. Por eso, concluyen que es necesario un cambio de modelo, que sitúe a las personas pobres en el centro, y que se borre el estigma que acompaña a la pobreza desde las administraciones, que dejen de ser “sospechosos de incumplimientos”, como primer y necesario paso para que cambie también la sociedad. Para obligar a los gobiernos a cambiar las cosas ATD Cuarto Mundo ha demandado al Estado español ante el Consejo de Europa por incumplir la Carta de Derechos Sociales.

-Redacción-